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Esta declaración convierte a la Cámara canaria en la tercera de toda España en adoptar esta medida, tras el País Vasco y Navarra

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer, por unanimidad, declarar el estado de emergencia climática en el Archipiélago, como hizo a finales de agosto el Gobierno cuatripartito de la izquierda canaria. El consejero de Transición Ecológica de la comunidad autónoma, José Antonio Valbuena, defendió que esta declaración no responde a ninguna “moda” y que sitúa al Parlamento canario como el tercero de toda España en adoptar esta medida, tras País Vasco y Navarra.

Valbuena celebró el consenso entre todas las fuerzas parlamentarias durante la sesión plenaria y las reuniones previas sobre la materia y destacó que esta declaración marcará una hoja de ruta “clara” en las políticas medioambientales “de luces largas” que pueda aplicar el Ejecutivo. El consejero fue claro. A partir de ahora, habrá que combinar medidas de mitigación del cambio climático con otras de simple adaptación, porque ya hay cuestiones que son inevitables, como el incremento del nivel del mar y de las temperaturas medias, la desaparición de una parte de la biodiversidad o el deshielo. “Ya estamos trabajando en los primeros borradores de la Ley de Cambio Climático. Puede que afecte a 25 normas sectoriales de Canarias. Será un verdadero revulsivo”, añadió.

Valbuena afirmó que la idea del Gobierno es que todas las fuerzas parlamentarias participen en la redacción de esa ley antes de su llegada al Parlamento para su aprobación definitiva. E insistió en que ya disponen de la base del anteproyecto de ley y que, a partir de ella, han alcanzado más de 200 participaciones de colectivos y entidades públicas y se han producido numerosas reuniones. Según Valbuena, ya se han encargado los trabajos de asesoramiento para la elaboración de la ley.

El consenso se notó en las intervenciones. El diputado de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, defendió que el gran reto en esta materia es un cambio en la propiedad de la producción energética y que esta se redistribuya entre los ciudadanos, para que, entre otros factores, no se consuma más territorio.

“¿Quién va a ser el dueño del contador?”, se preguntó. “Reitero que el sol, el viento, los volcanes o los mares producen energía que supone un bien común. No nos podemos permitir que sectores empresariales que han querido apropiarse hasta de las semillas, también se apropien de algo gratuito”, reclamó Marrero.

El diputado de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, pidió “fortaleza” frente a quienes considera que tratarán de introducir en la agenda pública el “negacionismo climático”, dijo en referencia a Vox. “Espero que nadie en esta Cámara les compre el discurso, porque hemos visto durante estos últimos tiempos cómo se han incorporado al debate público ciertos debates absolutamente superados en la sociedad”, advirtió Campos.

El portavoz de la Asociación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, calificó de “oportunidad histórica” esta decisión, porque, a su juicio, es “momento de actuar” y de dejar unas Islas mejores a las nuevas generaciones. Una rotundidad ecológica de Curbelo problematizada por su firme defensa del Puerto de Fonsalía, en Tenerife, que genera muchas críticas en los colectivos ecologistas por estar justo al lado de una Zona Especial de Conservación con una de las mayores poblaciones de calderones tropicales del mundo. Un proyecto rechazado públicamente por Valbuena, pero no por otros dirigentes del PSOE, como el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín.

Los grupos parlamentarios de Coalición Canaria y del Partido Popular que se sumaron al consenso general, sí afearon al Ejecutivo que el pasado mes de agosto aprobase igualmente la declaración de emergencia climática sin consultarla previamente con todos los grupos parlamentarios.

La portavoz de los populares en este debate, Luz Reverón, avisó de que esta declaración ambiental no debe convertirse en una “carta a los Reyes Magos”, sin medidas concretas en la lucha contra el cambio climático, mostró su acuerdo y apoyo.

Jesús Machín, diputado de Coalición Canaria, coincidió con Reverón en reclamar medidas específicas y discrepó con el consejero de Transición Ecológica porque, en su opinión, la “hoja de ruta” debe marcarla la Ley del Cambio Climático, y no tanto esta declaración. “Los jóvenes estamos siendo parte activa de la solución, pese a que no hemos sido parte del problema. Esta declaración no nos vale por sí sola”, apostilló Machín.

El consenso climático, que ya se verá en qué queda cuando se empiece a debatir su concreción, contrastó con el tono más bronco del debate de la mañana, cuando el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, explicó la estructura del Gobierno del Pacto de Progreso. Según Pérez, no aumenta el gasto, ni crece la Administración. De hecho, aseguró que “sale un poco más barato que el Gobierno anterior”, unos 500.000 euros, a pesar de que ha aumentado en una persona el número de cargos directivos, entre viceconsejeros y directores generales. Pero baja porque hay diez eventuales menos y 30 funcionarios de enseñanza que antes cobraban como cargos y ya no lo hacen.

Sin embargo, la intervención de Pérez fue recibida con muchas críticas por parte de la oposición. La portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, criticó que esta estructura se comunique a estas alturas, tras seis meses de ejercicio del Gobierno. “Demuestra falta de consideración. Es el Ejecutivo el que se adapta al Parlamento, y no al revés”, afirmó. “No sé cómo viene usted aquí y no se pone ni colorado”, le dijo a Pérez la diputada Luz Reverón. La parlamentaria de Coalición Canaria, Socorro Beato, que ya lleva un par de duros enfrentamientos con Pérez, afirmó que el Gobierno iba al Parlamento “a regañadientes”.

“A los países les hace falta un buen Gobierno, pero también una buena oposición”, afirmó Pérez, molesto con esta acusación: “No tienen que arrastrarnos para venir al Parlamento. Es nuestro deber y, además, es muy satisfactorio”. Pérez también recordó que habían mandado la comunicación al Parlamento con la estructura del Gobierno el pasado 17 de septiembre, y que ningún partido político había pedido que se adelantara la explicación pública de la estructura en la cámara autonómica.

Fuente: Diario de Avisos/EFE